Por Javier Surasky
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Los centros de datos entran en el debate electoral estadounidense y sostengo que es una muestra de una realidad que, más temprano que tarde, veremos expuesta en otros lugares, porque detrás de las disputas por electricidad, agua y territorio aparece una pregunta que trasciende a Estados Unidos: ¿Quién decide qué costos deben asumir las comunidades para sostener la competencia tecnológica mundial?
La carrera por la inteligencia artificial finalmente instaló
un debate que impacta directamente en el bolsillo de las personas: ¿Quién paga
la cuenta por mantenerse en competencia?
En Estados Unidos, esa pregunta llegó a las urnas y, según
el relevamiento publicado por Ballotpedia en septiembre de 2026, 34 iniciativas
locales relacionadas con centros de datos se someterán a votación el 3 de
noviembre, junto a las elecciones estadounidenses de medio término, lo que
representa una parte de las 38 medidas identificadas para todo 2026, veinte de
ellas situadas en Ohio, que incluyen prohibiciones, moratorias y decisiones
sobre usos del suelo.
Aunque no todas las consultas de noviembre sobre centros de
datos serán vinculantes, comparten la apertura del espacio electoral para
decidir sobre esta infraestructura de IA.
El 4 de octubre, Donald Trump estuvo en Ohio, y defendió los
centros de datos durante un acto de campaña vinculando las inversiones
necesarias con la competencia frente a China, explicando que rechazarlas podía
favorecer a su principal competidor, con lo que buscó llevar una disputa local
al lenguaje de la rivalidad entre grandes potencias (Associated Press, 2026).
Para una comunidad que discute qué ocurrirá con sus
recursos, su territorio o su factura eléctrica, el argumento de Trump se
convierte en una afirmación de que las comunidades locales deberían
comprometerse con la carrera tecnológica mundial, incluso acompañando
decisiones que se toman sin su participación por quienes construyen la
infraestructura de la IA.
El futuro digital necesita un lugar donde instalarse
Ya hemos señalado en entradas anteriores que la expansión de la IA depende de instalaciones físicas conectadas con sistemas eléctricos y
asentadas en territorios concretos, que la "nube" es muy concreta y
que convive con otros usuarios a los que les disputa los recursos que consume.
En esa línea, Young (2026) propone entender los centros de
datos como infraestructura crítica situada en la intersección entre intereses
públicos y privados, ya que, aunque son activos de propiedad y gestión privada,
sus demandas de electricidad, agua y suelo producen efectos localizados sobre
poblaciones e instituciones públicas específicas.
El agua forma parte de ese problema: según el diseño de las
instalaciones y las condiciones locales, los centros de datos pueden añadir
presión sobre recursos hídricos ya disputados y, aunque no todos los proyectos
tienen el mismo perfil de consumo, todos la necesitan en grandes cantidades.
Ahora bien, los centros de datos sostienen muchos servicios
digitales, además de la IA, y presentar cualquier conflicto sobre ellos como
una protesta contra la inteligencia artificial es engañoso, pero sin dudas el
crecimiento de la IA representa una presión relevante: la Agencia Internacional
de la Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos aumentó
un 17% en 2025 y, en los centros de datos exclusivamente dedicados a la IA, el
incremento llegó al 50% (International Energy Agency, 2026).
Esa diferencia de escalas ayuda a entender el conflicto,
porque una inversión puede presentarse como un beneficio para la economía
nacional, mientras sus efectos más inmediatos se concentran en una localidad
que soporta el peso material, y se transforma en el escenario donde confluyen
promesas de liderazgo tecnológico y tensiones sobre la disponibilidad de
recursos.
Preguntar quién paga no es rechazar el desarrollo
tecnológico, como tampoco lo es enfrentarse a la instalación de un centro de
datos, sino una forma de aproximarnos a la forma en que se distribuyen sus
beneficios, obligaciones y riesgos, sobre acceso a información adecuada,
capacidad regulatoria y autoridad para negociar. Volvemos con esto a Young
(2026), quien identifica las asimetrías de información, la fragmentación
institucional y las diferencias de capacidad técnica entre desarrolladores y
gobiernos locales como parte del problema de gobernanza.
Así visto, la disputa es tanto por los recursos que consume
la infraestructura como por la capacidad de gobiernos y comunidades para
negociar las condiciones bajo las cuales esa infraestructura se instala.
La factura depende de decisiones políticas
La Agencia Internacional de la Energía ([International
Energy Agency], 2026) señala que no necesariamente la instalación de un centro
de datos aumenta la tarifa energética de los hogares, ya que intervienen otras
variables como el sistema eléctrico y las políticas adoptadas: donde hay
capacidad energética excedente, una demanda adicional puede aprovechar mejor la
infraestructura, pero donde la oferta está ajustada, puede exigir nuevas
inversiones y despertar rispideces por la distribución de un bien escaso.
Ohio ofrece un ejemplo claro de ello: en julio de 2025, la
Comisión de Servicios Públicos del estado ordenó a AEP Ohio, empresa
eléctrica que abastece a buena parte de su territorio, establecer tarifas
específicas para los centros de datos tras identificar el riesgo de que las
inversiones necesarias para atender la enorme demanda eléctrica prevista por
estas instalaciones quedaran subutilizadas y que sus costos terminaran
trasladándose a los usuarios locales, por lo que apuntaban a que fueran los
grandes centros quienes asumieran una parte mayor del riesgo económico asociado
con la infraestructura necesaria para abastecerlos (Public Utilities Commission
of Ohio, 2025).
Literatura reciente sugiere que las condiciones de
financiamiento pueden afectar la legitimidad social de los proyectos: un
estudio experimental realizado en Alemania, Heering y Voeten (2026) halló que
aquellos que implicaban aumentos importantes del precio local de la
electricidad recibían menor apoyo, al igual que aquellos que ejercían una
presión elevada sobre el suministro de agua. Si bien esos resultados no pueden
generalizarse, no hay evidencia disponible para tal cosa, aportan una
demostración de que, para las comunidades, el balance entre beneficios
tecnológicos y costos locales no es una cuestión abstracta.
Cuando una disputa global divide el territorio
Las comunidades que conviven en un territorio son actores heterogéneos,
y la instalación de una infraestructura de gran escala puede beneficiar a
algunos sectores, imponer costos a otros y abrir disputas internas sobre qué
modelo de desarrollo conviene adoptar.
Clinton, una ciudad del estado de Iowa, ofrece un ejemplo
claro: la empresa QTS proyecta allí un campus de centros de datos a hiperescala
cuya inversión podría alcanzar los USD 10.000 millones y está acompañada por
una organización local, Grow Clinton, que ve esa inversión como una oportunidad
para el crecimiento, pero un grupo de residentes que participaron del proceso
de elaboración de la normativa municipal reclamaron controles más estrictos
sobre agua, ruido, calidad del aire y monitoreo ambiental antes de avanzar
(Billingham, 2026).
Ese conflicto no enfrenta a una empresa externa con una
localidad, sino a vecinos contra vecinos, transformando la pregunta sobre quién
paga las facturas energética e hídrica e la de quién puede definir el límite
de lo aceptable para la comunidad.
Ashville, en Ohio, muestra una cara diferente del problema.
Allí, el gobierno municipal había avanzado en un acuerdo de cooperación para
facilitar la construcción de dos centros de datos y una central eléctrica a gas
natural, pero un grupo de residentes reunió firmas para someter la decisión a
referéndum, una petición que la municipalidad se negó a certificar, lo que hizo
que la controversia llegara hasta la Suprema Corte de Ohio, que ordenó
remitirla a la junta electoral para permitir la votación (Trevas, 2026). En
este segundo caso, lo que emerge es la disputa por quién tiene autoridad
para decidir una transformación territorial de gran escala.
Loudoun County, Virginia, agrega una tercera dimensión:
después de décadas de expansión de los centros de datos, el tema comenzó a
dividir a la dirigencia política local al punto de que dos referentes
demócratas adoptaron posiciones diferentes frente a nuevas instalaciones: una
impulsó restricciones al crecimiento, mientras otra defendió el aporte fiscal
de la industria, y la oposición vecinal a nuevas instalaciones produjo alianzas
que atravesaron las preferencia partidarias tradicionales (Neuman, 2026).
Los tres casos son expresiones diferentes de una misma
realidad: Clinton muestra una disputa por la distribución local de costos y
beneficios; Ashville, una controversia sobre participación y autoridad
política; Loudoun, una reconfiguración de alineamientos partidarios y sociales.
Eso es suficiente para reafirmar que las grandes
infraestructuras digitales no aterrizan sobre territorios pasivos y pueden
disparar debates sobre desarrollo, representación y justicia distributiva,
crear nuevas coaliciones y volver conflictivas decisiones que antes eran
tenidas por "meramente administrativas"
Geopolítica en el municipio
La defensa de Trump expone una tensión adicional: la
competencia internacional puede utilizarse como argumento para acelerar
decisiones territoriales, algo que merece ser discutido.
Reconocer el valor estratégico de la capacidad de cómputo no
resuelve qué proyecto conviene aprobar ni bajo qué condiciones, y tampoco
determina cómo debe dividirse el peso de creación de esa capacidad entre las
personas y comunidades, ni qué garantías merecen quienes viven cerca de un
nuevo centro de datos por construir.
Heering y Voeten (2026) encontraron que, entre los
participantes de su estudio en Alemania, enfatizar explícitamente la soberanía digital produjo solo un aumento marginal del apoyo general a la construcción de
centros de datos, mientras que la identidad del operador tuvo un efecto mayor:
los participantes mostraron preferencias por operadores alemanes o europeos
frente a empresas estadounidenses o chinas. La soberanía, por lo tanto, importa.
El argumento ensayado por Trump en Ohio y los trabajos de
Heering y Voeten muestran cómo la geopolítica de la IA puede ser un elemento
central de una política distributiva doméstica, y viceversa.
Desde Global Radar, esto invita a ampliar la mirada sobre el poder de la IA para incorporar al tablero una pieza que represente la capacidad
institucional de acordar dónde se instala la infraestructura y bajo qué reglas.
La aceptación social no depende necesariamente de estar a
favor o en contra de la expansión tecnológica, sino de elementos más tangibles
para los ciudadanos, como costos financieros que deberán asumir, potenciales
beneficios, riesgos ambientales, contaminación sonora, y varios etcétera que se
integran en una lista que cambia de lugar a lugar.
¿Un freno a la carrera o una disputa por sus condiciones?
No puedo afirmar que la resistencia electoral detenga el
crecimiento. Más aún, Reuters (2026) informó el 5 de octubre que Goldman Sachs
considera limitado su impacto inmediato y mantiene una perspectiva de fuerte
expansión de los centros de datos estadounidenses hasta 2027.
No obstante, las votaciones permitirán observar algo más
preciso: en qué lugares existe oposición suficiente para cambiar decisiones y
qué condiciones reclaman los votantes y si los gobiernos pueden compatibilizar
sus ambiciones tecnológicas con compromisos aceptables para los territorios que
deben alojar la infraestructura.
Las urnas no plantean una disyuntiva entre desarrollo
tecnológico y rechazo a la infraestructura, sino una disputa sobre las reglas
de ese desarrollo: planificación, transparencia, distribución de costos, uso de
recursos, transparencia y capacidad de participación local en la toma de
decisiones.
Para los países que buscan atraer infraestructura digital,
el caso plantea una variable a la que deben estar atentos: alojar capacidad de
cómputo puede abrir oportunidades, pero también puede ser origen de
conflictividad social. El monto anunciado de una inversión no contempla esa
evaluación.
En las urnas estadounidenses empieza a discutirse quién
tiene autoridad para fijar las condiciones, quién participa en esa decisión y
cómo se distribuyen los costos de una infraestructura presentada como necesaria
para competir a escala mundial.
Ganar posiciones frente a un rival internacional puede ser
una meta de gobierno, pero no necesariamente está entre las prioridades de las
comunidades que deben dar base territorial y proveer de recursos para el
funcionamiento a la infraestructura necesaria para estar a la cabeza de la
competencia.
Referencias
Associated
Press. (2026, 4 de octubre). Trump defends data centers in Ohio as he
rallies to boost Jon Husted in a tight Senate race. https://apnews.com/article/a86aad6b19d4afb2c505b902171ebd8e
Ballotpedia.
(2026, 21 de septiembre). Ohio leads states in number of local ballot
measures on data centers for 2026. https://news.ballotpedia.org/2026/09/21/ohio-leads-states-in-number-of-local-ballot-measures-on-data-centers-for-2026/
Billingham,
E. (2026, 16 de julio). Clinton residents request steep restrictions in the
face of QTS hyperscale data center. Iowa Public Radio. https://www.iowapublicradio.org/ipr-news/2026-07-16/clinton-qts-hyperscale-data-center
Heering,
J., & Voeten, E. (2026). How sovereign control, decarbonization and energy
costs shape public support for data centers. Nature Communications, 17,
9576. https://doi.org/10.1038/s41467-026-76500-9
International
Energy Agency. (2026). Key questions on energy and AI: Executive summary.
https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary
Neuman, S.
(2026, 21 de septiembre). The data center backlash is reshaping American
politics—one community at a time. NPR. https://www.opb.org/article/2026/09/21/data-center-backlash/
Public
Utilities Commission of Ohio. (2025, 9 de julio). PUCO orders AEP Ohio to
create data center specific tariff. https://content.govdelivery.com/accounts/OHPUC/bulletins/3e8bb79
Reuters.
(2026, 5 de octubre). Goldman sees US data center growth intact despite
opposition. https://www.reuters.com/business/goldman-sees-us-data-center-growth-intact-despite-opposition-2026-10-05/
Trevas, D.
(2026, 7 de agosto). Village must submit data center referendum to county
board of elections. Court News Ohio. https://www.courtnewsohio.gov/cases/2026/SCO/0807/260906.asp
Young, C.
(2026). Clouds on the horizon: An integrative review of data centers and local
governance in the United States. Oxford Open Energy, 5, oiag006. https://doi.org/10.1093/ooenergy/oiag006